La cárcel es un mundo frío y gris. Allí, además de ser el lugar de encierro de hombres y mujeres que cometieron delitos, se apila miseria humana. Ahí hay un infierno rodeado de cuatro muros y barrotes. Al hacinamiento y a la violencia, se sumó un nuevo ingrediente a este explosivo cóctel: el tráfico de drogas. Sí, es cierto, siempre hubo sustancias, pero nunca se sumaron tantos indicios para sospechar que detrás de este ilícito estaría involucrado el personal del servicio penitenciario. Los hombres que deben cuidar a los reos, que trabajan para el Estado, ahora están en la mira de los investigadores.
El resumen de esta historia es cruel. En noviembre de 2017, con el crimen de Sebastián Medina, comenzó a conocerse lo que ocurría dentro del penal de Villa Urquiza. La víctima, de 24 años, había denunciado que los guardias lo golpeaban porque se negaba a vender la droga que ellos le entregaban. Para garantizar su seguridad, el joven fue trasladado a un calabozo de la Seccional 7ª, pero después fue llevado ilegalmente al penal. Tres días estuvo suplicando por su vida. Nadie lo escuchó y fue asesinado. Un año después, los internos Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma dijeron que habían sido torturados por contar detalles sobre el tráfico de drogas en la unidad penitenciaria. En mayo, después de haber aportado más pruebas, volvieron a ser duramente castigados. Hubo otro reo que dijo que los guardias permitieron que otro preso abusara de él porque también había decidido contar lo que sucedía allí. El último caso se produjo en Concepción: Jesús Farías, otro detenido que reveló datos sobre la venta de estupefacientes, apareció ahorcado en su celda. Los parientes están seguros de que se trató de un homicidio.
Todavía son muchos los tucumanos que no entienden la gravedad del asunto. Como los denunciantes son personas procesadas y condenadas, sus palabras y sus denuncias parecieran no tener valor. Pero objetivamente, en base a los últimos hechos, en los reclusos no mienten. En menos de dos años, los decomisos más importantes de drogas que se hicieron en las cárceles estuvo involucrado personal penitenciario. En julio de 1017, un guardia fue detenido cuando intentaba ingresar más de medio kilo de marihuana y 500 pastillas en Villa Urquiza. En octubre de 2018, se encontró a reos del penal de Concepción contando unas 5.000 unidades de psicofármacos en la carpintería de la unidad, un lugar que debería haber permanecido cerrado y que fue abierto, supuestamente por orden de Carina Assad, subsecretaria de Servicios Penitenciarios de la provincia. Y en mayo pasado se detuvo a un civil que trabajaba en el sector de la panadería: llevaba 2.000 pastillas de psicofármacos.
Reacciones
La reacción del ministerio de Seguridad fue lenta, muy lenta. En los últimos dos años se cambió dos veces la cúpula de la dirección de Institutos Penales. Pero esas modificaciones se produjeron cuando los casos salieron a la luz o cuando la Justicia decidió procesar a los funcionarios sospechados. El de Assad es un claro ejemplo: la jueza de Ejecución y Sentencias de Concepción denunció que podría estar involucrada en el ingreso de 5.000 pastillas en octubre. Se le pidió su renuncia ocho meses después, pero fue por ese caso, no por las denuncia que los presos hicieron en su contra o por los problemas que tuvo con funcionarios de la Justicia Federal porque no se preocupaba en brindar protección especial a los reos que denunciaban el tráfico de estupefacientes.
La Justicia tampoco puede despegarse por lo que ocurre en las cárceles. Hubo una clara diferencia en la manera de proceder de los dos jueces de Ejecución y Sentencias que deben velar por los derechos de los presos. Merched, dentro de sus funciones, elaboró informes y realizó la correspondiente denuncia en la Justicia Federal y en el área de Seguridad por el ingreso de 5.000 pastillas en el penal de Concepción. Su par Roberto Guyot, en cambio, está siendo cuestionado por su actuación en los casos de los presos que denunciaron el tráfico de sustancias en el penal y recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la provincia le llamó la atención por abandonar su puesto de trabajo.
Una vez más quedó en evidencia que la falta de recursos humanos y técnicos impide a la Justicia Federal actuar en estas denuncias. Desde 2017, según las causas conocidas, se viene denunciando cómo ingresan las sustancias en los penales, pero hasta el momento ninguna investigación se cerró. Y es muy difícil que se lo haga si se tiene en cuenta que no hay más de 15 empleados, dos fiscales y dos jueces para intervenir en este tipo de casos. Y más aún si se trata de una pesquisa que se debe desarrollar en un infierno donde el silencio garantiza la vida y sin contar que los principales sospechados son los que deberían encargarse de mantener el orden.
Resolver este problema es tan complicado como reconocerlo. La realidad indica que más del 70% de la población carcelaria tiene severos problemas de adicción. También indicaría que con ese alto nivel de consumo el tráfico de sustancia ya no sólo es familiar, sino que hay una estructura importante para que las drogas ingresen al penal. Pero hay otra cuestión más difícil de resolver: el día que definitivamente se cierre el ingreso el circuito de sustancias a las cárceles, cómo harán para contener a los que están enfermos y que no podrán soportar la abstinencia sin ayuda profesional. Entonces, el infierno no estará tan lejos.